Después de una demanda interpuesta por la abogada Paula Garay Vicencio, ex asesora jurídica del municipio de Vallenar entre los años 2021 y 2022. En dónde, y en primera instancia el municipio debía cancelar un monto de 29 millones de pesos, pero ante la demora del pago, subió a 40 millones.
Ante esto, la abogada estaría solicitando la orden de arresto contra el Alcalde de Vallenar, Armando Flores, por incumplir la medida legal.
Según el Diario Atacama, «La demanda por vulneración de derechos y garantías constitucionales con ocasión del despido, cobro de prestaciones e indemnizaciones laborales y otros, informó el matutino, fue acogida el 13 de abril del año pasado, condenando a pagar al municipio la suma de $26.367.696 en virtud de lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo , la suma de 3.000.000 por concepto de daño moral y $800.000 por costas personales».
A lo cual, y de acuerdo al medio local, el Juzgado de Letras de Vallenar resolvió que “se acoge la denuncia de tutela de derechos fundamentales, declarándose que la Ilustre Municipalidad de Vallenar vulneró la garantía a la no discriminación contemplada en el artículo 2 inciso 4° del Código del Trabajo, con ocasión de la remoción de que fue objeto doña Paula Garay Vicencio, motivo por el cual se condena a la denunciada al pago de a) Indemnización por despido discriminatorio por 8 remuneraciones de conformidad a lo dispuesto en el artículo 489 del Código del Trabajo, que ascienden a la suma de $26.367.696, b) indemnización por daño moral por la suma de $3.000.000. II. Que el pago de las sumas señaladas deberá hacerse con los reajustes que correspondan de conformidad del artículo 63 del Código del Trabajo. III.- Que se condena en costas a la parte denunciada, realizándose las costas personales en la suma de $800.000”.
La abogada Paula Garay Vicencio explicó al Diario Atacama que «tras su desvinculación mientras se encontraba con licencia médica por estrés laboral, interpuso una demanda en enero del año pasado en contra del municipio».
“Va dirigido al alcalde, ahí damos a entrever las órdenes que recibimos de parte de terceras personas, en este caso la pareja del alcalde, y se logró acreditar los indicios de vulneraciones a mi persona”, explicó la abogada al Diario.
Ante el fallo, el municipio interpuso un recurso de nulidad en la Corte de Apelaciones, “Interpusieron un recurso de apelación en la Corte Suprema, que en abril de este año rectifica que la municipalidad debe dar cumplimiento. Claramente para mí es un tema que me afecta, porque quiero darle cierre a esta etapa, el proceso ha sido bastante agotador (…) en una primera instancia eran 29 millones y ahora va por los $40 por la negativa de pago, porque esto deberían haberlo pagado hace mucho tiempo. Ahora la causa está en cobranza judicial, todos los días aumenta y sube el monto. Ya se han aplicado dos apercibimientos de multas”, explicó la abogada.
“Hemos reiterado la petición de orden de arresto para que hagan efectivo el pago. En eso estamos ahora. La orden de arresto es para el alcalde», sentenció la abogada al Diario Atacama.
A su vez, el municipio de Vallenar presentó una querella criminal contra la abogada, a lo cual, Garay señaló que “lo que dicen es algo errado a la causa. Lo claro es que acá se está incumpliendo una orden de un tribunal. No tiene nada que ver con la demanda presentada”.
Desde el municipio de Vallenar indicaron al Diario Atacama que “en relación a la situación legal que involucra a la señora Garay, desde la municipalidad de Vallenar queremos aclarar que no ha habido retraso en el pago de la causa. El proceso judicial se tramitó hasta sus últimas instancias, ya que la Dirección Jurídica detectó que Garay presentó un certificado médico ideológicamente falso durante el juicio laboral, lo que fue clave para que obtuviera una sentencia favorable”.
