El pasado 9 de agosto un medio local de la Región de Atacama, acudió a la Fiscalía de Atacama, para denunciar un presunto delito de tráfico de influencias en la SEREMI de Gobierno, esto en los fondos de medios de comunicación social 2024.
De acuerdo a la denuncia, el medio de comunicación al revisar el listado de adjudicados aprecio eventuales irregularidades, que pudieran conllevar una investigación penal, producto de una serie de presuntas anomalías descubiertas en el proceso de revisión por parte de los funcionarios de la SEREMI, cartera que es administrada por la SEREMI Sofía Vargas Roberts (FREVs). Además, de presuntas irregularidades en la evaluación técnica por parte de miembros de la comisión regional evaluadora de estos proyectos.
En donde y de acuerdo a la denuncia presentada por el representante del medio de comunicación digital: «Una de las instancias que da una sospecha para iniciar una investigación por parte de la Fiscalía de Atacama, es que al revisar el listado de beneficiarios del fondo de comunicación aparecen medios con ROL similares, en donde, se aprecia presunto dobles beneficiarios de estos fondos, prohibidos en las bases concursables. Esto se verifica al revisar la nómina de beneficiarios de la región de Antofagasta y la de Atacama, siendo que acá los funcionarios de la SEREMI deberían haber revisado los estatutos administrativos de cada empresa para descartar dobles beneficiarios, los cuales al parecer no fueron así».
Otro punto que se consideró en la denuncia de acuerdo al medio, fue que: «A su vez, al revisar las bases en el numeral 9.1 y 9.3 de las bases concursables en relación a la temática de los medios, en donde se excluyen aquellos que solo se dedican a un tema, en el listado se aprecia a varios medios que no cumplían este perfil, los cuales no debieron haberse adjudicados este fondo. Como a su vez, en relación al 9,3 en el proceso de admisibilidad y de subsanación, hay medios que no tienen registro en el SII como «agencia de noticias», siendo que esto es primordial para saber si es una empresa de comunicación. Por ende, no se explica porque pasaron la fase de subsanación».
«Además, de esto, y de acuerdo a las bases concursables está prohibido que medios de comunicación postulen con deudas con algún Ministerio u otra repartición del Estado, como es el caso del SII y Tesorería, en donde, y de conocimiento propio, sé que hay medios que tenían convenios vigentes de pago con Tesorería en su momento. Por lo cual, los funcionarios de la SEREMI de Gobierno debieron haber solicitado el cruce de información con esta Entidad para descartar tal vulneración, lo cual presuntamente no fue así. Esto lo sé porque ellos mismos, por medio de un correo electrónico me consultaron si tenía deuda, osea, consultaron de buena fe el caso y no cotejaron con otra Entidad si existe tal vulneración a la bases concursables del fondo social en mi proyecto», agrega el representante quien realizó la denuncia.
«Esto no es lo único raro, al revisar portales públicos, registros de prensa, portales de empleabilidad, entre otros, se puede apreciar los presuntos estrechos vínculos laborales entre los miembros de la comisión regional que evaluaron los proyectos y los dueños, representantes legales y directores de medios de prensa local, siendo que esto debió ser escrito en el acta de evaluación del fondo, informado su conflicto de interés y no haber evaluado el proyecto, lo cual no fue así, no lo informaron en el acta los miembros del comité, quienes de igual forma realizaron la evaluación técnica de estos proyectos, Lo cual, queda la suspicacia de la vulneración a la ética profesional y a los principios de igualdad de los participantes. Esto porque se favoreció a uno de otros, solo por tener un presunto vínculo cercano estrecho, siendo poco objetivo en la evaluación».
«Pero hay otro punto en donde, genera más suspicacias ante la denuncia expuesta, es en él porque se consideró a una fonoaudióloga contratada a honorarios, quien en el portal transparencia de la SEREMI, tiene otras funciones administrativas, y sale en el acta de evaluadores de la comisión regional de estos fondos, osea porque se consideró a una funcionaria que no tenía expertis en la materia, no tiene responsabilidad administrativa y su perfil de cargo tiene otras responsabilidades administrativas, y no para evaluar proyectos de esta envergadura, eso deja entrever algo raro y con los hechos anteriores, se realizó las denuncias respectivas», sentenció el representante del medio local.
La denuncia fue puesta en la Fiscalía de Atacama, solicitando la investigación penal correspondiente, como a su vez, a la Contraloría General de la República, para que inicie el proceso de investigación administrativa en contra de aquellos funcionarios de la SEREMI y además, como lo expresan las bases concursables del fondo de medio de comunicación, el envío de una carta de reclamación dirigida al Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, con los antecedentes expuestos anteriormente.
Este día lunes vence el plazo legal que establece las bases del concurso público, para que el Gobierno Regional de Atacama emita la respuesta a esta carta de reclamación, y por lo siguiente entregue estos antecedentes al Ministerio Público, de acuerdo a la jurisprudencia que tiene el Gobernador en denunciar todo acto que pudiera conducir a un delito.
