En el marco de la investigación del “Caso Audios”, cuyo último antecedente es la suspensión por parte de la Corte Suprema a Ángela Vivanco de su cargo como ministra del Tribunal Supremo; una de sus aristas involucra a la región de Atacama tras conocerse una serie de irregularidades en la tramitación de la causa entre el Consorcio Belaz Movitec Spa y Codelco.
El consorcio chileno-bielorruso se adjudicó la licitación de las obras de Rajo Inca, correspondiente a la división Salvador de la estatal a principios del 2023. Codelco puso término anticipado a ese contrato ante una serie de incumplimientos de Movitec. El caso fue judicializado y tras iniciarse en la Corte de Apelaciones de Copiapó; llegó hasta la Corte Suprema donde Vivanco jugó un rol clave en favor del consorcio, sin transparentar su relación cercana con el abogado de esa empresa, Mario Vargas.
En julio del 2023, la Tercera Sala del máximo Tribunal falló acogiendo un recurso del consorcio y ordenó a Codelco poner fin inmediato a la retención de fondos lo que le significó a la estatal un desembolso de más de $17 mil millones. El diputado Santana exige aclarar el vínculo entre Vivanco y el consorcio chileno-bielorruso que terminó perjudicando a la estatal.
“Hemos visto cómo las redes de poder de Luis Hermosilla penetraron hasta la justicia a través de Ángela Vivanco y en este caso, para perjudicar al Estado. Nos parece sumamente grave que Vivanco no transparentara su estrecho vínculo con el abogado Mario Vargas cuando éste representó a CBM, abogado que, por cierto, es muy cercano a Hermosilla. Por el bien de las instituciones, esto se debe investigar a fondo y que caigan quienes tengan que caer. No podemos ceder, bajo ningún punto de vista, ante la corrupción”, sostiene Santana.
