Siguen los escándalos en torno a la candidatura del actual Gobernador de Atacama, Miguel Vargas Correa, esto tras las denuncias por presunto tráfico de influencias con un proyecto de SERVIU y el cuestionado traspaso de recursos públicos en los famosos convenios con fundaciones pro Gobierno de Gabriel Boric.
Ahora se suma otra denuncia anónima, por parte de un ciudadano, en donde el actual Gobernador estaría usando imágenes y videos de su gestión en el Gobierno Regional de Atacama.
De acuerdo a los registros, estaría usando dichas imágenes para presuntamente sacar ventaja de manera desleal a sus contrincantes. Siendo que esta práctica está reglamentada y sancionada por la Contraloría.
En donde, en diversos videos, incluyendo uno sobre seguridad en la Subcomisaría de Pedro León Gallo, se ha utilizado material financiado por proyectos FNDR del Gobierno Regional de Atacama, haciendo parte de su gestión la construcción de dicha obra. A su vez, en imágenes de sus redes sociales de campaña, aparecen los logos, pendones y la presencia de funcionarios del Gobierno Regional.
Ante esto y según el dictamen E471612/2024 de la Contraloría General, en donde expresa que: “es la institución pública la que debe prestar los servicios anunciados en cumplimiento de sus funciones, y no las autoridades en forma independiente. En este sentido se contrapone a ello, la circunstancia que en las actividades de publicidad o de difusión se haga uso del nombre de esas autoridades en un contexto que permita atribuirle a ella la ejecución de determinadas obras o tareas que son propias de la entidad”.
Este dictamen también señala que: “no corresponde que los elementos publicitarios se utilicen para incorporar – en cualquier época y más aún tratándose de un periodo eleccionario, la imagen de la autoridad como una práctica reiterada asociada a la difusión de las actividades, toda vez que ello podría significar una infracción a las normas relativas al empleo de los recursos del organismo de que se trata, en beneficio personal o para fines ajenos a los institucionales”.
Este principio ha sido respaldado por otros dictámenes, como el N°. 1979 de 2012 y el N°. 21237 de 2016, que “prohíben la incorporación reiterada de la imagen de una autoridad en campañas publicitarias financiadas con recursos públicos”.
Ante esto, el actual Gobernador Vargas, estaría presuntamente usando su posición, la exposición del cargo, el uso de los recursos del Gobierno Regional en su campaña e información privilegiada sobre proyectos y programas, quedando en clara ventaja frente a otros candidatos, lo que lo coloca en una situación de desventaja injusta, al tener más dificultades para ganar reconocimiento ante el electorado.
Este hecho, no sería causal ya que fue denunciado a principio de mes por no respetar el límite de propaganda en sectores públicos. En donde, habría presuntamente vulnerado la normativa 28 del SERVEL, respecto a la cantidad de palomas o letreros en las principales calles de la comuna de Copiapó.
