El llamado es al Pleno de la Convención Constitucional para rectificar el articulado propuesto por la Comisión de Medio Ambiente y con ello evitar un perjuicio al trabajo que da sustento a miles de familias que viven de la minería.
Tras la votación de las normas relativas al estatuto minero por parte de la Comisión de Medio Ambiente de la Convención Constitucional, realizada el pasado sábado, la industria minera reaccionó con preocupación por el texto que deberá votar el Pleno en los próximos días.
Entre las normas aprobadas, una de las que causó mayor alerta en el ecosistema minero fue la que establece que las autorizaciones mineras –reemplazantes de las concesiones– serán otorgadas por la autoridad administrativa de forma temporal, expuestas a caducidad sin reglas claras y sin saber si serán renovables. Ello afectaría seriamente la seguridad jurídica y consecuentemente las inversiones del sector desde la pequeña a la gran minería, perjudicando el círculo virtuoso de desarrollo local y regional.
Otro punto de preocupación es que el listado de las sustancias minerales que podrán ser explotadas por el sector privado estará sujeto a los vaivenes de leyes simples. Y desde ya se establece que no serán objeto de autorizaciones, pudiendo solo ser explotadas por empresas del Estado, sustancias como el litio, los minerales no metálicos, los hidrocarburos líquidos, sólidos o gaseosos.
Para Sergio Hernández, director ejecutivo de APRIMIN, organización que forma parte de Compromiso Minero, “hay errores gravísimos en la redacción de las normas que no permiten interpretaciones precisas, que es lo que las normas legales exigen. Además, es un grave error, por desconocimiento total de cómo opera el sector minero, que la explotación y el aprovechamiento de las sustancias minerales se sujeten a una regulación que tenga carácter finito y no renovable”.
Por otra parte, Joel Carrizo, presidente del Sindicato y Asociación de Pirquineros de Tierra Amarilla, alertó sobre cómo podría afectar a la pequeña minería estas iniciativas. “Hoy nos encontramos con una gran incertidumbre, como sector clave en la economía local de muchas ciudades y pueblos alejados creemos muy compleja esta situación. De aprobarse esto en el pleno, perjudicaría a todos los pequeños mineros de Chile, ya que la norma de Dominio Público Minero cambia todo el sistema concesional que hoy tenemos y el cuál nos ha dado la posibilidad de explotar la tierra como lo hemos hecho desde hace siglos”, explica.
Según Aurora Williams, gerenta del Clúster Minero de Antofagasta, la industria minera ha dado la posibilidad de desarrollar zonas de Chile en donde la vocación minera es indiscutible y ha colaborado a fortalecer la cadena logística local. “Este proceso constitucional tan anhelado por la mayoría de los ciudadanos, debe transformarse en un espacio virtuoso que aúne las miradas sobre el desarrollo económico y social reconociendo las vocaciones productivas que tienen los territorios. Prontamente la Convención Constitucional visitará Antofagasta y será un espacio virtuoso que permitirá conocer los complejos procesos productivos, la relación de la minería con sus entornos y sobre todo la cadena logística local que produce un efecto multiplicador en la economía con beneficios directos en materia de emprendimiento y empleo. Las miradas diversas locales permiten construir una constitución para todos”, comenta.
Paola Huenumán, presidenta de la Red de Ingenieras de Minas de Chile, comenta que “esta industria ha dado la posibilidad de surgir a muchas mujeres y hombres en diversas regiones del país, especialmente en el norte. Por lo mismo es complejo el escenario que enfrentamos hoy, ya que se definirá en el pleno de la Convención Constituyente el futuro de este potente ecosistema minero, cuya ocupación ha crecido un 15,4%, en tanto la ocupación femenina tuvo un aumento de un 40% respecto al año anterior, lo que representa un 12,4% de la fuerza laboral del sector”.
