El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, este viernes salió al paso de los cuestionamientos en su contra tras el duro informe de Contraloría que se dio a conocer en la jornada de ayer, que da cuenta de la auditoría a 15 secretarías regionales ministeriales de Vivienda que efectuaron millonarios traspasos a fundaciones.
Los exámenes a las seremías por parte del órgano contralor -cuyos resultados fueron expuestos este jueves por el Contralor Jorge Bermúdez ante la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados- se llevaron a cabo a partir del caso de la fundación Democracia Viva en Antofagasta -ligado a Revolución Democrática (RD)-, que fue el detonante de la crisis del gobierno por los líos de platas, en el marco del Programa de Asentamientos Precarios del Ministerio de Vivienda.
En ese contexto, el secretario de Estado se refirió hoy en un punto de prensa a los nuevos antecedentes entregados por Contraloría -informe que él conoció con antelación este martes-, asegurando que no va a dimitir.
“Respecto a la responsabilidad política eso quedó establecido y la administrativa quedó establecida, y si voy a renunciar, no voy a renunciar, voy a seguir trabajando en las tareas en las que estoy, y en segundo lugar, eso depende del Presidente de la República (Gabriel Boric), es él quien decide”, manifestó.
Inquirido respecto si ha le ha pedido la renuncia a alguno de los seremis de las secretarías donde se llevaron a cabo las auditorías, el secretarios de Estado señaló: “Cómo les voy a pedir la renuncia, si no tengo fundamentos. La vez que hubo fundamentos, cuando apareció el caso Democracia Viva, ese día se le pidió la renuncia al seremi de Antofagasta”.
“A mí como ministro me corresponde la orientación política del Programa de Asentamientos Precarios y en general del ministerio. Pero yo hoy día pensando hacia atrás, había un modo, un modelo con las fundaciones privadas, y simplemente seguimos con la que venía, lo que podríamos haber hecho es revisarlo y replantearlo, pero no tuvimos la conciencia (…) nosotros deberíamos haber enfrentado los problemas de fondo de un modelo que tiene que ver con todas las actividades del país en relación a las transferencias a privados, nosotros no captamos en ese momentos el conjunto de forados y riesgos que había de hechos de corrupción, y también de hechos de ineficacia y de burocracia que no lleva a ser todo lo preciso y correcto que hay que ser”, aseveró Montes.
En ese sentido, el titular de Vivienda planteó que “hasta ahora hay antecedentes serios que evidencian hechos de corrupción, en Antofagasta con el caso de Democracia Viva, en O’Higgins con el caso de Arquiduc, también con Red Integral y Comunitaria y ayer también apareció un caso en Valparaíso que desconocemos todo su alcance, que tiene que ver con un hecho producido a fines del gobierno anterior”.
“Estos hechos, los indicios de corrupción, quien puede calificarlos y decir qué delitos son es el Ministerio Público, nosotros hemos entregado todo al Ministerio Público. Nosotros creemos que la base de esto está en que no se cumplió el deber de abstención y el posible conflicto de interés en algunos casos. Hay fundaciones que separaron los proyectos para no someterse al control de Contraloría y otros casos que pueden ser delito y que tienen indicios de corrupción”, insistió.
En esa misma línea, informó que se ha pedido la restitución de recursos a ocho fundaciones a lo largo del país por una suma total de $1.765 millones, entre ellas Democracia Viva, Arquiduc, Pro Cultura, En Red, Red Integral y Comunitaria y Acción Digital.
De acuerdo al ministro, el informe de Contraloría es “un paso adelante”: “Le hemos pedido y le vamos a insistir a todos los organismos de este Ministerio que analicemos los informes. Que los estudiemos con mucha atención y ver en cada uno de los casos, porque hay informes de cada región. Que los estudiemos, más los informes que ha hecho el propio Ministerio para sacar lecciones y para aprender de lo que hay”.
El Ministerio de Vivienda ya había dado su impresión ayer a través de una declaración pública, en la que defendió la detección de irregularidades en las seremías, asegurando que no van a “tolerar que se cometan actos de corrupción con los dineros destinados a las familias más necesitadas”, que van “perseguir todo tipo de irregularidad” y que “las recomendaciones que se plantean (por parte de la Contraloría) ya están siendo abordadas y en su mayoría se encuentran ejecutadas”.
Ejecutivo blinda a Montes y oposición pide remoción
Tras el informe, en que se señala una evidente falta de control por parte de las reparticiones regionales, además de graves irregularidades y de patrones claros que se repitieron en las diferentes regiones del país, desde La Moneda salieron a blindar al titular de Vivienda.
En una vocería la tarde de este jueves, la portavoz del gobierno, Camila Vallejo, al ser consultada por la situación de Montes apuntó que “la oposición tiene la costumbre de ver la responsabilidad solo en el que está al frente y no asumir las propias responsabilidades frente a estos casos. Aquí tenemos casos que no están solamente circunscritos en un sector político y en segundo lugar la responsabilidad de actuar”.
Antes, el ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, había señalado en Radio Concierto, para respaldar al socialista ante peticiones de la oposición para que sea removido, que “los ministros no son jefes de servicios. Esa es labor de los subsecretarios. Las decisiones administrativas están radicadas ahí”.
Es que la arremetida desde la oposición llegó de inmediato. El jefe de la bancada de diputados UDI, Guillermo Ramírez, junto al diputado Juan Antonio Coloma, que también es querellante en el caso, exigieron al Presidente Gabriel Boric cumplir con el “caiga quien caiga que prometió” a mediados de junio, y remueva “de forma inmediata” al ministro Montes, además del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi; a la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, y a todos los secretarios regionales ministeriales (seremis) del Minvu en el país.
El diputado Andrés Longton (RN), en tanto, sostuvo que el ministro “tenía una obligación de control que al parecer no ejerció de forma adecuada”, mientras que el diputado Jorge Guzmán (Evópoli) criticó los hechos ocurridos en el Maule, la región que representa, y sostuvo que “estamos en presencia del rol que no jugó el ministro Montes. Que debía ser el rol de fiscalizar y controlar el buen uso de los recursos públicos”.
Por su lado, el diputado y presidente de la Comisión Investigadora de los líos de platas de la Cámara, José Miguel Castrto (RN), este viernes recalcó que “todavía no existen responsabilidades políticas ni administrativas de parte de este gobierno, de parte del ministro Montes” y criticó que las irregularidades “hayan pasado bajo sus narices, en 15 seremías”, y planteó que “la verdad es que su conducción deja bastante que desear, porque no fue capaz de controlar nada”.
Fuente: www.latercera.com
