La Sala de la Cámara respaldó el informe de la comisión que indagó el procedimiento y criterios para el otorgamiento de pensiones de gracia a víctimas del estallido social (CEI 26).
Entre los puntos investigados se revisaron los 418 decretos que otorgaron pensiones de gracia por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de 2019. Ellos se emitieron en los gobiernos de Sebastián Piñera y Gabriel Boric.
Sobre el punto se detectó que había 40 beneficiados con antecedentes penales y 39 personas que sufrieron lesiones leves. Estas personas cuentan con pensiones vitalicias.
Se observó que, durante la selección de los casos, no hubo en el INDH ni en el Ministerio del Interior una instancia conformada por profesionales de la salud para acreditar las lesiones. Tampoco intervino un órgano técnico calificado en la materia. “Da cuenta de la poca objetividad del procedimiento para constatar las afectaciones físicas”, se expone en el texto.
Igualmente se critica que persiste la duda de la permanencia en el tiempo del daño físico o sicológico. Esto considerando un beneficio vitalicio otorgado para lesiones de carácter leve.
Además, se detectaron falencias en la Ley 18.056, que establece normas generales sobre otorgamiento de pensiones de gracia por el Presidente de la República. Así, se refuta el uso de una norma que permite al Mandatario a entregar el beneficio, pese a no cumplirse con todas las exigencias legales. “Todas las pensiones fueron otorgadas invocando esta causal”, se acusa.
Junto a ello, se refuta que ninguno de los decretos contempla consideraciones que permitan justificar la concurrencia de casos calificados. Solo se sustenta en una mera invocación de normas y en el informe favorable de la Comisión Especial Asesora Presidencial, “sin aludir a la situación particular de los beneficiarios en relación con las lesiones sufridas y cómo el Mandatario llegó a resolver que las circunstancias de cada caso tenían el carácter de calificado”.
INDH y aumento del monto
El texto también observa problemas identificados en los procedimientos del Instituto Nacional De Derechos Humanos (INDH). Según se expone, el organismo reconoció falta de competencia técnica como órgano calificador de la calidad de víctima en relación con la acreditación de las lesiones y del menoscabo laboral.
Otro punto abordado en el informe es el aumento del monto del beneficio. Pasó de un mínimo de casi $80.000 a $283.000 por lesiones leves. Según se indicó, ello se justificó en dar una respuesta efectiva de reparación a las victimas del estallido social.
Por último, se detectó problemas en el mecanismo de otorgamiento de las pensiones a través de la Ley de Presupuestos.
“Propicia eventuales infracciones al principio de juridicidad al disponer la intervención de organismos que, como el INDH, no tienen la competencia legal para pronunciarse sobre las solicitudes. Este tipo de regulación genera incerteza jurídica sobre los criterios de evaluación de antecedentes y la acreditación de la calidad de víctima”, se argumenta.
Recomendaciones
El informe insta al Gobierno a hacer un seguimiento de la situación de los beneficiarios con lesiones leves. El objetivo es revisar la evolución de las condiciones físicas que justificaron el otorgamiento de la pensión. Así, se espera verificar si aún persisten esas afectaciones, mediante un procedimiento especial realizado por un organismo técnico, como la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (Compin).
También se recomienda reevaluar el mérito de pensiones otorgadas a personas con antecedentes penales. Igualmente, si se detecta una mejoría física en beneficiarios con lesiones leves. Ello, considerando que las pensiones otorgadas tienen carácter de vitalicias.
En otro tema, se remitirán antecedentes a la Contraloría General de la República, respecto a las glosas que se aplicaron para otorgar el beneficio. La idea es que el órgano se pronuncie sobre la legalidad del procedimiento, en atención a eventuales infracciones al principio de legalidad.
Finalmente, se llama a evitar el otorgamiento de pensiones de gracia como medida de reparación por eventuales violaciones a los Derechos Humanos. Esto, independiente del contexto en que se originen.
En este sentido, solicitan que el procedimiento de acreditación de la calidad de víctima esté a cargo de profesionales y especialistas del área de la salud.
Cabe recordar, que el Gobierno ya anunció revocar pensiones de gracia a personas condenadas o con antecedentes penales por delitos graves. No se aplicará a quienes hayan sufrido trauma ocular. Por otra parte, se realizaron modificaciones al Manual de Procedimiento para el otorgamiento de Pensiones de Gracia.
Debate
Las intervenciones estuvieron marcadas por el informe de Contraloría, conocido en la presente jornada. El documento detectó que las personas con antecedentes penales que recibieron pensiones de gracia alcanzan a 58. Se informó que son condenados por delitos de homicidio, violación, abuso sexual, producción de pornografía infantil, violencia intrafamiliar, tráfico y microtráfico de drogas, entre otros.
Además, detectó que 19 beneficiarios no acreditaron lesiones con antecedentes médicos. También instruyó sumarios al Ministerio del Interior y al INDH.
Diputados de oposición calificaron de una “desprolijidad inexcusable” la acreditación y otorgamiento de pensiones de gracia a personas que cometieron delitos violentos. En tal plano, llamaron a revocarlas. Adicionalmente, criticaron que existen 4 mil carabineros lesionados en el marco del estallido social que no reciben ningún tipo de reparación.
Por otra parte, señalaron que las autoridades no entregaron todos los antecedentes en la instancia. Paralelamente, lamentaron que el Gobierno de Gabriel Boric haya duplicado los montos de pensión de manera discrecional.
Violaciones a los DD.HH.
Desde el oficialismo indicaron que la derecha, con esta indagatoria, trató de borrar la existencia de violaciones a los DD.HH. en el Gobierno de Sebastián Piñera, lo que fue acreditado por el INDH y por diversos organismos internacionales.
Al respecto, lamentaron la fórmula que se utilizó por el expresidente de otorgar pensiones de gracia, en vez de impulsar una Ley de Reparación Integral a las víctimas. Además, consideraron como una medida regresiva que se considere la conducta reprochable para tener el beneficio. Plantearon que esto hace que el principio de igualdad y no discriminación pierda fuerza.
Sin embargo, algunos parlamentarios de diversos sectores llamaron a no confundir a quienes fueron víctimas de violaciones de DD.HH. con delincuentes o con personas que solicitaron la pensión de manera fraudulenta.
