Este 4 de septiembre, se cumplen dos años desde que se rechazó la propuesta de Constitución de la Convención Constitucional.
El plebiscito contó con una participación de más de 13 millones de personas, quienes votaron, y fue rechazado con un 61,86% de las preferencias.
Lamentablemente en Atacama, y a dos años del plebiscito, la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama (ARMA), aún no devuelve los 40 millones del “Proyecto de Educación Cívica y Participación Ciudadana en la Región de Atacama”, para el proceso constitucional del 2022. Dineros que debieron ser restituidos por ARMA, por mandato de la Contraloría.
De acuerdo a la causa C-1103-2023, del 4º Juzgado de Letras de Copiapó, no habría ningún registro documental del reintegro de recursos, e incluso la causa se encuentra abandonada por más de tres meses, ya que su último movimiento jurídico por parte del Gobierno Regional de Atacama, bajo el liderazgo del Gobernador Miguel Vargas Correa, sería el 27 de mayo del 2024.
Actualmente, la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama (ARMA), se encuentra liderada por Mario Araya Rojas, Alcalde de Diego de Almagro, nuevo Presidente de la Asociación Regional de Municipios de Atacama, Armando Flores Jiménez, Vicepresidencia y Alcalde de Vallenar, Brunilda González Anjel, tesorería y Alcaldesa de Caldera
Por su parte, Mauricio Rivera Carvajal, Concejal de Diego de Almagro es el Secretario Ministro de Fe y Bladimir Bolados Rivera, Concejal de Alto del Carmen, es el Director.
Historia del programa constitucional
A mediados del 2022, el Gobierno Regional de Atacama (GORE Atacama), entregó un aporte de 84 millones de pesos a la Asociación Regional de Municipalidades de Atacama (ARMA) durante el año 2022 para el “Proyecto de Educación Cívica y Participación Ciudadana en la Región de Atacama” para el proceso constitucional del año 2022, en donde, se estableció que los recursos se transferirán en cuotas.
De acuerdo a la denuncia emitida por una parlamentaria, a la Contraloría de Atacama, en donde, informó que estos recursos serían “para hacer campaña política para la opción Apruebo”.
Ante esto, el ente regulador, acogió la denuncia, y determinó que se deberían restituir los dineros traspasados por el GORE Atacama a la Asociación de Municipalidades de Atacama (ARMA) en el marco del llamado “Programa de Educación Cívica”, monto que asciende a $40 millones.
A la fecha y a casi dos años de que fue presentado este programa y la denuncia respectiva, aún no se han restituido los recursos entregados por parte del GORE Atacama, es por esto que se inició un proceso de cobranza en el Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó. De acuerdo a la causa judicial, no habría ningún tipo de documentación que respalde en que se utilizaron los 40 millones.
De acuerdo a los antecedentes recopilados por nuestro medio digital, quien apropósito realizó una denuncia en Contraloría producto de deudas impagas, por el concepto de difusión del programa, existirían otros casos de otros proveedores y medios locales, por el no pago del trabajo de difusión y publicidad del «Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana en la Región de Atacama» ejecutado por ARMA.
Quedando un manto de especulaciones en torno a la gestión y rendición de ARMA y ¿En qué se gastaron los 40 millones?, ¿porque no se han restituido los recursos? ¿Dónde están? ¿Porque no pagó los servicios a proveedores locales por este programa? ¿Porque la Contraloría o el GORE Atacama no denunció esto al Ministerio Público, por el presunto fraude al Fisco y presunta malversación de caudales públicos?
Los dardos recaería al ex Presidente del ARMA y Alcalde de Freirina, Cesar Orellana y a su Director Ejecutivo del ARMA, el señor Wilson Wastavino, ya que fue este personaje quien realizó las gestiones y coordinación de este programa.
Demanda del GORE Atacama a ARMA
De acuerdo a la demanda expuesta por el GORE Atacama, en el Cuarto Juzgado de letras de la comuna de Copiapó, en la causa C-1103-2023, con fecha de ingreso del 12/05/2023, en donde, el organismo presentó la acción judicial en contra del actual Presidente de ARMA y Alcalde de Ferina, Cesar Orellana, por la deuda al Gobierno Regional de Atacama, por la suma de $40.000.000.‐ (cuarenta millones de pesos), más los reajustes, intereses y costas de esta causa”.
A su vez, y de acuerdo al oficio: “El Consejo Regional de Atacama (CORE), mediante acuerdo N°04, adoptado en sesión ordinaria N°4, de fecha 04.02.2022, conforme consta en Resolución Exenta CORE N°005, de fecha 08.03.2022, aprobó el financiamiento del programa de actividades de carácter social denominado «Programa de Educación Cívica y Participación Ciudadana en la Región de Atacama», por un monto total de $83.975.000.‐ (ochenta y tres millones novecientos setenta y cinco mil pesos), a ser ejecutado por la demandada Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA).
A raíz de lo anterior, “con fecha 24.03.2022, entre el Gobierno Regional de Atacama (GORE) y la demandada se suscribe un convenio de transferencia de recursos, el cual fue aprobado por Resolución Exenta FNDR N°30, de fecha 27.04.2022, por un monto de $83.975.000.‐ (ochenta y tres millones novecientos setenta y cinco mil pesos), conforme se indica en su cláusula cuarta de dicho convenio”.
“Asimismo, en la referida cláusula cuarta se estableció que los recursos antes indicados se transferirán en cuotas, una vez cumplidas las condiciones establecidas en la cláusula quinta del mismo convenio de transferencia de recursos”. A raíz de lo anterior, “con fecha 09.05.2022, el GORE transfiere $40.000.000.‐ (cuarenta millones de pesos), esto es la primera cuota del monto total comprometido para la ejecución del referido programa, una vez totalmente tramitado el acto administrativo aprobatorio indicado en el numeral 2 precedente, y una vez entregada la garantía exigida”.
Ante esto y con fecha 29 de agosto del 2022, la diputada Sofía Cid realizó una denuncia a Contraloría sobre eventuales irregularidades en el “Programa de Educación Cívica y participación Ciudadana en la Región de Atacama por 83.975 millones de pesos asignado a la Asociación Regional de Municipios de Atacama (ARMA), en donde participaron funcionarios del Gobierno Regional para realizar dichos encuentro, tal como se lee en las páginas 8 y 9 del informe de Contraloría, como es el caso de la jefa DIPLADE del GORE Atacama, Carolina Armenakis Daher.
“Contraloría de Atacama nuevamente acogió mi denuncia, y en esta ocasión determinó que se deben recuperar los dineros traspasados desde el GORE a las Municipalidades de Atacama en el marco del llamado “Programa de Educación Cívica” monto que asciende a $40 millones, en un plazo de 30 días hábiles. Además de dar término a dicho convenio que era por un total de 83.000.000 millones de pesos. Las autoridades deben cumplir las leyes sin excepción. Es de conocimiento de todos que la autoridad no puede atribuirse facultades que no tiene y utilizar recursos públicos en ello”, indicó la diputada.
Por lo mismo, el GORE Atacama inició un proceso legal de reintegro de recursos: “En razón de dicho término anticipado y en orden a dar cumplimiento a las gestiones para solicitar el reintegro, mediante Ord. N° 145, de fecha 07.03.2023, el GORE Atacama solicita a la demandada “el reintegro de los recursos transferidos con fecha 09.05.2022, que ascienden a la suma de $40.000.000.‐ (cuarenta millones de pesos), a la cuenta corriente (…), durante el mes en curso”.
En la actualidad
Revisando el portal del poder judicial con fecha del 27 de mayo del 2024, en la causa C-1103-2023, del 4º Juzgado de Letras de Copiapó. Y pese a su obligación legal de reintegrar los fondos, el ARMA no ha reintegrado dichos recursos en la cuenta corriente del Gobierno Regional de Atacama. Quedando todo detenido en el Cuarto Juzgado de Letras de Copiapó, generando varias suspicacias del porque el GORE Atacama, comandados por el Gobernador Miguel Vargas, no ha hecho las gestiones pertinentes para el reintegro de estos recursos públicos.
