El Consejo de Defensa del Estado apunta que los abogados ligados a la DC fueron contratados por la Municipalidad de Tierra Amarilla para demandar a la Minera Candelaria por daño medioambiental. Pero en lugar de eso, detalla el organismo, llegaron a un acuerdo -por 7 millones de dólares- que sepultó cualquier posibilidad de reparación. Del total de ese monto, 4 millones de la divisa norteamericana fueron a dar a manos de los juristas, por concepto de «honorarios».
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) amplió su querella en la investigación judicial por corrupción que sustancia el Ministerio Público, en contra del diputado Jaime Mulet (FRVS) y los abogados ligados a la Democracia Cristiana, Hernán Bosselin y Ramón Briones.
La nueva presentación de 41 páginas -a la que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile– profundiza el libelo ingresado a mediados de 2020, cuando el propio CDE le imputó a los tres querellados el delito de cohecho.
Ahora, través de esta nueva acción legal, el CDE los sindica como autores y copartícipes de prevaricación. Por el mismo ilícito están incluidos los entonces abogados internos de la municipalidad de Tierra Amarilla, Jaime Bahamondes y Jorge Brito, ambos estrechamente relacionados con Mulet. A Briones y Bosselin, además, se los apunta por lavado de activos.
Lo relatado por la entidad va en línea con el reportaje publicado en exclusiva por la Unidad de Investigación de Radio Bío Bío el 6 de marzo de 2019, a raíz del cual Bosselin y Briones demandaron a este medio pidiendo 790 millones de pesos como indemnización para cada uno.
LOS DÓLARES
El escrito ingresado por el abogado procurador fiscal (s) de Copiapó del CDE, Juan Fernández Espejo, reitera cómo Mulet, Bosselin y Briones, habrían logrado que la minera Candelaria, de capitales canadienses, pagara a la Municipalidad de Tierra Amarilla 7 millones de dólares a cambio que el alcalde Osvaldo Delgado desistiera de un juicio ambiental.
Respecto de los desembolsos, la Contraloría y el Ministerio Público han sostenido que los abogados Bosselin y Briones cobraron como honorarios 4 millones de la moneda estadounidense en 2017.
Es decir, más del 50% del dinero por un juicio que nunca se realizó.
Al evitar que la autoridad comunal iniciara esas acciones legales, la empresa allanó el camino para obtener un permiso ambiental y así continuar operando en la zona la extracción de cobre hasta 2030.
Y peor aún, sepultó cualquier posibilidad de garantizar la eventual reparación del daño ambiental ocasionado en la comuna. De ahí que se les apuntara a todos ellos, por el delito de cohecho.
LA PREVARICACIÓN
Sin embargo y tal como se adelantó, este nuevo documento también imputa a los profesionales el delito de prevaricación. Esto porque, a juicio del CDE, en lugar de resguardar los intereses de su cliente, es decir, la Ilustre Municipalidad de Tierra Amarilla (IMTA), terminó perjudicándola.
En efecto, el organismo explica que los abogados fueron contratados en primera instancia para representar a la casa edilicia y preparar una demanda justamente en contra de minera Candelaria a fin de requerir la reparación del daño ambiental.
Sin embargo, asevera el CDE, “los abogados Bosselin y Briones, con la cooperación activa de Mulet, hicieron primar siempre sus intereses personales en perjuicio del cliente, al cual engañaron en cuanto al cometido para el cual fueron contratados”.
El Consejo de Defensa del Estado cuestiona que finalmente dicha demanda nunca se tramitó y que incluso cobraron los honorarios a espaldas de su cliente.
sto último, según afirma la entidad, puesto que se ocultó a los concejales las remuneraciones que percibirían los abogados. Ello llevó a los ediles a convocar a una sesión especial para revocar el mandato otorgado a los profesionales, de modo de intentar detener el desembolso de los dineros.
La ofensiva, sin embargo, no prosperó y el pago finalmente se concretó.
LAVADO DE ACTIVOS
El destino de los 4 millones de dólares, equivalentes entonces a más 2.700 millones de pesos, también forman parte de esta nueva presentación.
En el documento, el CDE acusa que Bosselin y Briones habrían incurrido en el delito de lavado de activos, al incorporar al mercado financiero formal dineros “obtenidos directamente de un delito de cohecho”.
Todo ello, apuntan, “a sabiendas de su origen por cuanto participaron de la generación” de éstos.
Según consta en el expediente judicial, las divisas fueron a parar precisamente a la cuenta corriente de la firma a la que pertenecen los abogados, para luego -de acuerdo a la investigación- ser girada una gran parte de éstas a través de cheques a terceros en un periodo de tres días.
A raíz de esto, el CDE solicitó como diligencia complementaria -y previa autorización judicial- el levantamiento del secreto bancario respecto de los 4 millones de dólares.
Piden indagar la eventual triangulación de los fondos entregados por Candelaria.
“ERRORES GROSEROS”
Requeridos por este medio, los abogados del diputado Jaime Mulet, Ciro Colombara y Aldo Díaz, apuntan que esta ampliación de querella de parte del CDE “es errónea y carece de un mínimo rigor jurídico”.
De acuerdo a los juristas, esto se debe “no solo porque el diputado Mulet es inocente de lo que le imputa, sino porque ese organismo ni siquiera está habilitado legalmente -en abstracto- para querellarse por ese delito”.
“Más insólito aún es que después de casi cinco años el abogado Juan Fernández decida presentar esta ampliación tan poco seria. ¿Será para aparecer en la prensa?”, reflexionan.
Y sentencian: “Después de leer lo que presentó Fernández no podemos estar más tranquilos como defensa del diputado Mulet, aunque nos preocupa que el CDE permita errores tan groseros”.
