El actual ministro vocero de gobierno, Jaime Bellolio, fue el parlamentario que más traspasó dinero a la institución, con un total desde enero a julio $4.900.000 de montos públicos.
En 2016, el Ministerio Público inició una investigación por posible fraude al fisco a través de la triangulación de dineros de las asesorías externas de algunos parlamentarios.
Luego, una investigación de Ciper develó los nombres de algunos parlamentarios de varios partidos políticos que ocupaban los dineros de las asesorías externas para pagar a particulares, institutos o fundaciones que estaban ligadas a sus propios partidos y que en algunos casos además eran copiados tal cual de Internet.
Cuatro años han pasado desde que se inició esta investigación, no solo por los informes plagiados, sino también por la posible triangulación de dineros entre los parlamentarios y entidades y personas vinculadas a sus partidos. ¿Quiénes han tenido que enfrentar a los tribunales de justicia?
El ex fiscal Carlos Gajardo afirma que “hay un incentivo para no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden, obviamente, torpedear su ascenso en la institución”.
El Ministerio Público solo informa que la investigación sigue abierta, pero mientras tanto, al menos una bancada de diputados mantiene un contrato millonario con una fundación que está estrechamente ligada a su partido y a la que mensualmente traspasan dineros del Estado por informes que son iguales.
“20 parlamentarios tienen el mismo informe y cada uno pagó por ese mismo informe. Son idénticos en contenido y en redacción”, señala la periodista Silvia Oramas.
En enero, los parlamentarios de la UDI destinaron millones de pesos para comprar estos informes que son exactamente iguales. Indagamos en los otros meses y descubrimos que lo mismo ha ocurrido durante todo este año entre los 20 diputados de la UDI y la Fundación Jaime Guzmán.
Cada uno paga con los recursos de asesorías externas y en total la institución recauda $10 millones por informe. La fundación no accedió a una entrevista. A través de un comunicado, defienden el contrato con los parlamentarios.
El texto señala que “la Fundación Jaime Guzmán tiene un único contrato con 20 diputados de la UDI, los cuales aportan $500 mil cada uno para la realización de nuestros labores. Debido a que es un solo contrato, se realiza un solo informe mensual que se distribuye en 20 ejemplares con toda la asesoría legislativa desarrollada por la fundación en el mes de corresponda”.
El parlamentario Osvaldo Urrutia aseguró que “aquí hay contratado una cantidad importante de asesores legislativos en distintas materias. Tenemos en educación, en salud, en vivienda”.
Por su parte, el diputado Jorge Alessandri manifestó que “como sería imposible para un diputado contratar a 8 o 9 abogados, lo que hacemos es que este equipo lo pagamos entre todos”.
Gajardo, en tanto, afirma que “bastaría que solo uno lo adquiriera para que pueda ser compartido entre todos los demás, sobre todo porque eran una misma bancada, y, por lo tanto, más parece ser que hay ahí una forma de financiar a un determinado instituto o fundación para los efectos de que realice un trabajo de apoyo legislativo. Pero la fórmula al menos que se utiliza, no parece, creo yo, estar acorde con parámetros mínimos de probidad y de transparencia”.
Desde enero a la fecha, estos compilados o resúmenes de las sesiones parlamentarias, que además incluyen una sugerencia de voto, han representado un gasto fiscal de más de $79 millones.
“Obviamente, la capacidad de los parlamentarios no puede estar en todas las materias, y no me alcanza más el tiempo, si es la verdad”, agrega Urrutia.
El parlamentario que más ha traspasado dinero a la Fundación Jaime Guzmán este año es el actual ministro vocero de gobierno Jaime Bellolio, quien mientras era diputado pagó desde enero a julio $4.900.000 de fondos públicos.
El secretario de Estado no accedió a darnos una entrevista, tampoco a responder nuestras preguntas por escrito. Envió un comunicado en el que señala que “los trabajos encargados al área legislativa de la Fundación Jaime Guzmán cumplen absolutamente las disposiciones y exigencias de la Cámara de Diputados y sus asesorías, cuyos informes fueron entregados en tiempo y forma, respondían enteramente a lo requerido”.
El aporte real de los informes
¿Cuál es el aporte real de los informes mensuales por los cuales los diputados de la UDI siguen pagando a la fundación vinculada a su partido?
Alessandri contó que “no solamente te entregan el informe de sala, que ese es uno de los insumos que te entregan, sino que te acompañan a comisiones, te ayudan a redactar indicaciones, te hacen resúmenes de proyectos de ley”.
Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, no son necesarios para la actividad legislativa, porque “no se justifican para la labor parlamentaria”.
Existe un informe por el que los diputados UDI pagaron en conjunto, en el mes de julio, $9.900.000. Son 255 páginas que convertidas a un formato normal de Word, con letra tamaño 12, se transforman en menos de 100.
El reporte describe efectivamente el origen y fundamento de los 23 proyectos de ley de ese mes, tal como señala la Fundación Jaime Guzmán. Pero nos sorprendimos al comprobar que gran parte de esa misma información está disponible tal cual en el sitio web de la propia Cámara de Diputados.
“Este es un boletín de la Cámara de Diputados y este es el informe que estábamos analizando. Si te das cuenta, solo cambiaron la primera frase. Lo demás es idéntico y esto ocurre en varios textos más del informe y de otros informes”, afirma Oramas.
“Acá lo que existe es un mal uso de un sistema que debiese ser absolutamente residual. Un Congreso moderno, lo que debiese tener, y que lo tiene nuestro Congreso, es una biblioteca que provea de esta información a los parlamentarios y que, en caso solamente muy específicos, con autorizaciones muy específicas, se pueda recurrir a estos informes externos”, agrega Precht.
Por su parte, el otrora persecutor Gajardo dijo que “me parece que en esos casos más bien lo que hay es una forma incorrecta de intentar financiar a un instituto o a una fundación que apoya el trabajo parlamentario, pero que tendría que tener formas de financiarse mucho más transparentes”.
Además de los reportes mensuales, existen otros informes también encargados a la misma fundación. Jaime Bellolio era el único que pedía todos los meses un informe extra, por el cual traspasaba otros $200 mil fijos a la fundación.
Uno de ellos tiene 13 páginas, hicimos el mismo ejercicio y lo traspasamos a un formato normal de Word. Quedó reducido a tres. Como conclusión, el informe aporta que los Programas de Inclusión Escolar, conocidos como PIE, deben comenzar a temprana edad.
“La verdad es que no tienen mucha razonabilidad más allá de un gasto excesivo de recursos públicos, es lo que hoy ocurre en el Congreso Nacional”, señala Precht.
Casos en otros partidos
En 2017, Ciper reveló que había plagio en los informes por los que pagaban parlamentarios de distintos partidos políticos. El caso de Alejandro Guillier, entonces candidato presidencial, fue escandaloso, pues se trataba de una copia tal cual de un sitio web. Pero no era el único caso.
Precht contó que “nosotros pudimos acceder a la base de datos de los informes de la Cámara de Diputados y ahí encontramos situaciones muy burdas, como plagios incluso, y copias desde el Icarito; informes que eran de otros países y que se entregaban como propios, citas que estaban mal citadas; y, por otro lado, informes que evidentemente estaban sobre pagados y que no valían lo que valen. Y la otra práctica que era bastante habitual era que un mismo informe se vendía el mismo a la bancada y cada uno de los parlamentarios pagaba un precio por ese informe, siendo que era uno mismo que se podía entregar uno solo a la bancada”.
El entonces diputado de la DC Roberto León pagó más de $10 millones a la CELAC. Los informes además eran parcial y totalmente plagiados. Otros parlamentarios del mismo partido también pagaron a la misma entidad por informes con dineros de asesorías externas. Durante todo 2020, al menos la CELAC no ha hecho asesorías a los diputados de la Democracia Cristiana.
El presidente de la colectividad, Fuad Chahín, dijo que “han sido excepciones cuando se han contratado este tipo de asesorías o de informes en montos muy modestos y desde hace tiempo que no se realizan. Creo que es muy importante que se erradique completamente esa práctica que algunos partidos tienen a través de las asesorías de los parlamentarios se termina financiando organismo parapartidarios y, por lo tanto, hay una desviación de fin de esos recursos”.
Diputados del Partido Comunista como Camila Vallejo traspasaron más de $6 millones en unos pocos meses por informes que elaboró el instituto de ciencias ICAL. Karol Cariola pagó $3 millones por un solo informe que elaboró la misma entidad vinculada a su partido. La investigación de Ciper develó además que los informes eran un plagio.
Lo mismo pasó con el Partido Socialista. Fidel Espinoza y Maya Fernández pagaron millones al Instituto Igualdad de su propio partido. “Desde hace más de un año que la bancada del Partido Socialista, la bancada de diputados y diputadas no trabaja con el Instituto Igualdad. Todas las minutas y los informes la bancada de diputados socialistas lo hace con sus propios asesores y ya no a través del Instituto Igualdad”, afirmó Karina Delfino, directora ejecutiva del instituto.
Carlos Gajardo inició la investigación, no solo por plagio, sino por posible triangulación de dineros o financiamiento ilegal a las entidades que cobraban por los informes, pero se retiró del Ministerio Público en 2018.
Sobre lo que alcanzó a concluir cuenta que “estamos hablando de aproximadamente un tercio de las asesorías que fueron analizadas que correspondían básicamente a información que estaba disponible en internet, que daba cuenta de posiblemente ciertas triangulaciones de dinero que se hacían y que se justificaban con esta información que obviamente al estar disponible en internet no era útil ni tenía el valor que se pagaba”.
La investigación que partió en 2016 incluía también a los senadores. Para Gajardo ahí está en gran parte la dificultad para investigar. “Por definición legal, los órganos del Estado están obligados a entregar información. Sin embargo, el Senado, obviando este principio de igualdad ante la ley, hizo caso omiso de esa obligación legal y decidió no entregar los informes, lo que obviamente constituyó una barrera importante para poder seguir avanzando en esta investigación”, apuntó.
Pero hay un factor de fondo mucho más relevante que, a su juicio, entorpece esta investigación.
“Piense usted que tanto el fiscal nacional como los cargos de ministros de la Corte Suprema son nombrados en definitiva por el Ejecutivo, pero deben ser ratificados por 2/3 del Senado, por lo tanto, hay un incentivo muy alto para que si un fiscal regional o un ministro de corte tiene interés efectivamente legítimo de ascender en su carrera profesional, hay un incentivo de no meterse con estas altas autoridades porque el día de mañana entonces pueden, obviamente, torpedear su ascenso en la institución”, señaló.
Quisimos conocer los avances de la investigación por los informes plagiados de los diputados y por la posible triangulación de dineros, pero el fiscal a cargo del caso no aceptó nuestra entrevista. Solo nos confirmó que no hay ningún formalizado y tampoco personas imputadas.
Desde marzo de 2018, fecha desde la que está disponible la información, los 20 diputados de la bancada UDI que mes a mes hacen que el Congreso pague por un mismo informe, han traspasado hasta ahora $333.200.000 de fondos fiscales a la fundación vinculada a su propio partido.
El diputado Urrutia dice que esto se paga “para poder tener participación en el debate y una discusión enriquecedora que pueda presentar indicaciones o modificaciones para que la ley salga bien, y es por eso que esta me parece que es un dinero muy bien invertido por todos los diputados de la bancada”.
Por ley, cada diputado de todos los partidos políticos tiene un sueldo bruto que supera los $7 millones. A eso se suman más de $4 millones para pagar arriendos de oficinas distritales, correspondencia, traslados, difusión de sus actividades parlamentarias y hasta las cuentas de telefonía.
Aparte de eso, el Estado aporta otros $4,5 millones más para que los diputados elijan a su personal de apoyo, que entre otras funciones debe asesorarlos comunicacional y legislativamente. Por encima de eso, y en un tercer ítem, están los dineros de las asesorías externas, que son casi $2 millones que por definición deberían financiar estudios muy específicos sobre materias que permitan legislar.
“El sistema que hoy día existe, que es mediante el cual se le asigna a cada parlamentario un monto determinado de dinero anual que puede gastar en determinadas asesorías que él determina, en la práctica a lo que contribuye es a hacer un sistema, diría yo, poco transparente y que permite favorecer la confección y el encargo de informes que probablemente en muchos casos no son reales y que tienen como objetivo y trasfondo terminar efectuando triangulaciones de dinero”, apunta Gajardo.
Precht agrega que “tenemos algunos casos, como el caso del senador Orpis, el caso de la diputada Isasi, donde hemos visto mal uso de asignaciones parlamentarias en términos generales y esos caso están hoy día para juicio oral, están avanzando, pero el avance ha sido profundamente lento, y creo que el Ministerio Público tiene que ser más proactivo en que efectivamente dé respuestas a un tema tan sensible como el uso de los recursos del Congreso Nacional cuando es una institución tan importante, lo hemos visto en la crisis social y requiere una validación ciudadana que no deje dudas de que esos recursos están siendo bien utilizados”.
En los últimos días, el Ministerio Público ordenó la incautación de boletas y otros documentos de contabilidad desde el Instituto Libertad, en el marco de la misma investigación por los dineros de las asesorías parlamentarias.
Fuente: https://www.cnnchile.com/pais/diputados-mas-de-300-millones-fundacion-jaime-guzman_20201101/
