Por medio de un video, el ex candidato a Gobernador Carlo Pezo, reveló una declaración jurada de una dirigente de un comité, en donde, expone un eventual delito por parte del candidato a a la reelección a Gobernador Miguel Vargas y el Director de SERVIU Atacama, Rodrigo Maturana.
Ante esto, nuestro medio de comunicación, tuvo acceso a esta declaración jurada firmada ante un notario de la comuna de Vallenar; Dicha declaración pone en tela de juicio la probidad administrativa de Miguel Vargas y Rodrigo Maturana y quedaría en evidencia de un eventual delito de tráfico de influencias y prevaricación administrativa.
Conforme a la declaración de la dirigente, la cual se realizó la reserva de identidad y de datos sensibles, expresó lo siguiente: “el día 10 de noviembre del 2021, en calidad de representante de mi comité, me comunique con la Entidad Patrocinante (EP) Nueva Vida SPA, esto con el objetivo de desarrollar un proyecto habitacional financiado mediante el subsidio DS47, plan de construcción en nuevos terrenos (CNT), para que dicha entidad patrocine a las 200 familias que represento”.
“En una reunión organizada con Autoridades competentes, además, de mi participación como representante del comité que presido, estuvieron presentes las presidentas de otros comités de vivienda que también postulaban junto a nosotros… El Director de SERVIU Rodrigo Maturana, el Gobernador Miguel Vargas y el equipo de profesionales del Municipio de Vallenar. En dicha reunión expuse que el proyecto sería desarrollado por la EP Nueva Vida SpA, decisión legítimamente tomada por Asamblea”, agregó la dirigente en la declaración pública.
Ante esto y en la declaración, expone la dirigente eventuales “presiones” por parte de Miguel Vargas y Rodrigo Maturana para tomar otra entidad patrocinante: “El Director de SERVIU Rodrigo Maturana y el actual Gobernador Miguel Vargas, en actitud incómoda informó que no trabajaba con la entidad patrocinante (EP) Nueva Vida SpA y que podía ser cualquiera otra EP menos la entidad patrocinante (EP) Nueva Vida SpA y nos indicó la entidad patrocinante “TICSA o Cantos de Hermosilla”. El Director Maturana insistió en que es SERVIU quien decide con qué empresa privada trabajar, dejando en claro que no aceptarían la participación de EP Nueva Visa SpA en nuestro proyecto”.
“A raíz de esta presión ejercida por SERVIU y reafirmada por el Gobernador Regional, Miguel Vargas, tanto sobre mí como sobre las otras presidentas presentes, me vi obligada a desistir de trabajar con las empresas que nos estaban indicando, a pesar de que esta decisión no reflejaba la voluntad original de la asamblea. Esta presión compromete gravemente la transparencia del proceso y pone en entredicho la legalidad de la injerencia de SERVIU en las decisiones de los comités”, expresó la dirigente en la declaración jurada.
“Declaro bajo juramento que los hechos anteriormente expuestos son verídicos y manifiesto que la conducta de los funcionarios de SERVIU, vulnera los principios de transparencia, probidad y participación democrática, afectando gravemente a las 20 familias que represento, así como a los otros comités involucrados en el proyecto que suman un total de más de 700 familias”, sentenció la dirigente en la declaración jurada.
De acuerdo a lo conversado con el abogado denunciante, don Pablo Ehremberg, «esta declaración es uno de aquellos que serán acompañados en la Fiscalía local de Copiapó, para ser anexados a la carpeta investigativa del Ministerio Público», agrega que «existen más antecedentes de esta situación que enloda la labor de SERVIU Atacama en materia habitacional».
Recordemos que Miguel Vargas enfrenta una compleja situación contractual, esto por una denuncia de supuestos delitos de acción penal pública, en donde, el Tribunal de Garantía de Copiapó fijó nueva fecha y hora para debatir solicitudes de sobreseimiento pedidas por las defensas del actual Gobernador Regional, Miguel Vargas Correa, de la SEREMI del MINVU, Roció Díaz Gómez y del director del SERVIU Atacama, Rodrigo Maturana.
La nueva audiencia quedó fijada para el 23 de diciembre del presente año a petición del Ministerio Público ya que los hechos denunciados en la querella dicen relación de los presuntos delitos de fraude, estafa, tráfico de influencias y prevaricación administrativa. Fundamento que acogió el Tribunal de Garantía de Copiapó atendida la data reciente del inicio de la causa y la complejidad de la misma.
Tratamos de contactarnos con Abel Luvello, miembro de la entidad patrocinante (EP) Nueva Vida SpA, para saber si está al tanto de esta declaración jurada y si tiene antecedentes sobre un eventual «sabotaje» a su entidad por parte de Rodrigo Maturana y Miguel Vargas, pero al cierre de esta nota no tuvimos respuesta.
