La seguridad ciudadana ha sido, es y seguirá siendo una prioridad para el Gobierno del Presidente Gabriel Boric. Hoy hemos avanzado de manera significativa, con planes y políticas responsables que abordan de manera articulada cada problemática o brecha particular. Y que no sólo busca poner recursos públicos, también mejorar la gestión y la coordinación entre las instituciones, otorgando para ello nuevas herramientas a través de una agenda legislativa robusta y con sentido de urgencia.
Actualmente de los 31 proyectos de ley priorizados en materia de seguridad, 18 ya fueron despachados por el congreso, destacando; la modifica a la Ley de Migración y Extranjería, que permitirá agilizar los procedimientos administrativos de expulsión del país. A la fecha se han ejecutado 739 expulsiones. 242 administrativas y 497 judiciales. Una medida que ha tenido impacto en la reducción de los ingresos irregulares al país, disminuyendo un 11% respecto a la misma fecha del año anterior.
El empadronamiento biométrico ha sido un proceso exitoso, con más de 120 mil personas registradas, de las cuales 2680 se empadronaron en la región. Y por primera vez contamos con una Política Nacional de Migración y Extranjería con lineamientos y acciones para promover una migración; ordenada, segura y regular.
A través del Plan Calle Sin Violencia- que actualmente lleva 7 meses de implementación en Copiapó-hemos frenado la curva ascendente de homicidios presente hace años, y seguiremos avanzando con fuerza para verla caer. En esta línea y de acuerdo a cifras de la Fiscalía de Atacama, en lo que va corrido del año, se han cometido 17 homicidios, lo que marca un descenso respecto del mismo periodo del 2022, en que se registraron 21 casos. Otro avance a destacar es la creación del Equipo de Tarea Reacción Temprana de Homicidios, en Contexto de Crimen Organizado (ECOH), liderado por el Ministerio Público, que permitirá agilizar los procesos investigativos en esta materia”.
En lo que respecta a la persecución penal efectiva, Carabineros ha logrado detener a 377 personas, de los cuales el 38% mantenían órdenes de detención pendientes, incautado 10 armas de fuego y se han cursado más de 600 infracciones. En tanto la PDI, ha logrado detener a 385 prófugos de la justicia. Una labor que además ha permitido, desarticular a siete bandas criminales, permitieron de esta manera hacer frente al fenómeno del crimen organizado.
Labor que se suman a otras estrategias como: el programa de patrullajes mixtos OS-14, (entre Carabineros y municipios), que actualmente se está implementando en las comunas de: Tierra Amarilla, Caldera, Vallenar y Copiapó. El Consejo Regional Contra el Crimen Organizado o el Sistema de Seguridad Municipal; de la Subsecretaria de Prevención del Delito; que vino a terminar con la concursabilidad de fondos para proyectos de seguridad, entre otras.
Cabe destacar que hoy contamos con leyes Contra el Narcotráfico, de Técnicas Especiales de Investigación; la ley que condena el sicariato, o la que aumentó las penas para secuestros, y hemos presentamos indicaciones y urgencia al proyecto que crea la Defensoría a Víctimas de Delitos y el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
Con estas cifras podemos decir que este es un Gobierno que usa todas las herramientas del Estado para darle seguridad a nuestras familias; pero hoy es vital la colaboración y compromiso de todos y todas, porque cuando Chile trabaja unido, avanza.