La actual constitución omite referencias expresas sobre el término “agua”, pero el código que fija las disposiciones en torno a su “regulación”, establece que las aguas “son bienes nacionales de uso público”, por lo que están excluidas del derecho de propiedad.
Sin embargo, el Código de Aguas de 1981 otorga a los particulares el derecho de aprovechamiento de ellas, razón por la cual es aplicable la protección constitucional de la propiedad.
La reforma a dicha ley avanzó en que los derechos de aprovechamiento fueran temporales y refuerza el carácter de bien de uso público, pero aún así, y aunque su tramitación tomó más de 10 años, fue calificada de insuficiente.
Por lo mismo, en el marco del trabajo de la Convención Constitucional se presentaron varias propuestas de norma relativas a consagrar el Estatuto Constitucional del agua, y la semana pasada, por 15 votos a favor y cuatro en contra, la Comisión de Medio Ambiente aprobó en general una de ellas.
Las valoraciones fueron bastante críticas, sobre todo desde la industria, puesto que, entre otros aspectos, establece la caducidad de los derechos de aprovechamiento de agua y fija que el Código “pierde toda validez y eficacia jurídica”.
Rodrigo Mundaca, gobernador de Valparaíso y vocero nacional de Modatima, defendió la medida: “El objetivo es desprivatizar, desmercantilizar, estableciendo que el agua es un bien común y que su consumo es un derecho humano”.
“Es muy importante terminar con el Código de Aguas de 1981, porque lo que hace es garantizar y solidificar el libre mercado en materia de agua (…) Lo que se busca es poner orden en las 101 cuencas del país que están sobreotorgadas”, complementó, agregando que “hoy las bases de la desigualdad están asociadas al agua y por eso reclaman todos los gremios, pero acá nadie ha dicho que grandes agricultores y la industria no tendrán acceso, sino que se fija una prioridad de uso y ahí la principal es salvaguardar la vida de las personas, segundo producir alimentos, luego reparación ecosistémica y cuarto uso industrial, pero proporcional a a explotación”.
Bernardo Fontaine, miembro de la Comisión de Medio Ambiente, está de acuerdo con que el acceso al agua es un derecho humano y estima que es un “vergüenza” que el Estado no lo esté garantizando, pero también es claro en sostener que, a su juicio, el problema de acceso y de escasez hídrica no se soluciona eliminando los derechos de agua como propone la norma aprobada.
“Se necesitan enormes inversiones para captar aguas, por ejemplo más profundas, y para ahorrar en el uso, ¿quién invertirá en esos sistemas si no tiene certeza de tener derecho a usar esa agua?”, planteó, al tiempo que evidenció que se expropiarían sin indemnización los derechos de agua de 350 mil regantes agrícolas, lo que los deja sin seguridad de poder continuar con sus actividades.
Advirtió que “la iniciativa dejará al Estado sin plata para derechos sociales, porque tendrá que pagar masivas indemnizaciones a los perjudicados”.
La norma recién fue aprobada en general y aún debe ser analizada en el Pleno.
