Si bien los escritos para revocar 27 pensiones de gracia ya habrían sido firmados por el Presidente Boric a inicios de febrero, su trámite se mantiene -en su mayoría- en el congelador. A la fecha, apenas uno se encuentra siendo revisado por la Contraloría. Respecto de los demás, en tanto, el Ejecutivo no ha avanzado el camino para retirar el beneficio a personas con graves antecedentes penales, incluido un condenado por pornografía infantil.
Hace exactamente dos semanas, la ministra del Interior Carolina Tohá anunció el número definitivo de pensiones de gracia otorgadas a víctimas del estallido social que serán revocadas.
En total, confirmaron que echarán pie atrás con 27 casos, 21 entregadas bajo la administración del Presidente Gabriel Boric y seis en la de Piñera.
“Esto lo zanjo esta semana al volver a Santiago”, dijo el Presidente el 30 de enero pasado durante su gira por el sur del país. Desde entonces, la situación ha sido manejada con completo hermetismo en La Moneda.
Pese a que desde inicios de febrero los documentos para dar curso a la decisión ya se encontrarían firmados por el Mandatario, fuentes de BBCL Investiga confidencian que -en la práctica- sólo uno de los escritos ha sido ingresado a la Contraloría para la respectiva toma de razón.
De este modo, los demás siguen administrativamente en el congelador y, a la fecha, no han avanzado el camino que se requiere para su efectiva implementación.
Consultado al respecto, el Ministerio del Interior confirmó a este medio que sólo una solicitud ha sido ingresada.
Asimismo, detallan que en el intertanto fue retirada de Contraloría para corregir aspectos formales (algo que en ocasiones sucede con la elaboración de decretos y documentos de esa naturaleza), los cuales fueron resueltos y -tras ello- la solicitud reingresada.
En tanto, desde la cartera evitaron referirse sobre la situación de los otros 26 casos que el Gobierno anunció que iba a tramitar la revocación.
Con todo, en la práctica los pagos a los beneficiarios cuestionados siguen cumpliéndose con regularidad, pues formalmente no se ha puesto termino a las pensiones de gracia asignadas ni se ha avanzado con el proceso necesario para concretarlo.
BAJO LA LUPA DE CONTRALORÍA
La presión sobre el caso escaló el pasado 25 de enero, luego que diera a conocer un informe final de la Contraloría General de la República en el que revelaba graves falencias en las asignación de las pensiones de gracia a víctimas del estallido social.
En específico, el persecutor administrativo detalló que 58 beneficiados cuentan con antecedentes penales, incluidos delitos violentos y hasta un condenado por pornografía infantil.
Además, el ente contralor dejó en evidencia que hay casos en los que no se presentan antecedentes médicos para respaldar el relato de quien postuló al beneficio.
Entre otros, el documento evidenció que 19 expedientes de beneficiarios a la pensión de gracia en estudio, remitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), no presentaban antecedentes médicos; o bien, “los respaldos correspondían a certificados médicos poco legibles”.
Con todo, desde La Moneda han evitado dar a conocer quiénes conforman el listado de 27 beneficiados a los que se les va a revocar la pensión de gracia. Lo anterior, bajo el argumento de que están a la espera de que las personas implicadas primero sean notificadas.
Fuente: www.biobiochile.cl
